Agreden a hombre señalado de ser administrador de página de memes en Delicias, Chihuahua

TRIBUNA DE CHIHUAHUA 

Delicias, Chihuahua — 25 de enero de 2026.

Dahel Rentería, joven de Delicias, denunció públicamente haber sido víctima de una agresión física por parte de sujetos armados que lo señalaron directamente como supuesto administrador de la página “La Tercera Delicias”, conocida por difundir memes y publicaciones polémicas. En un mensaje difundido en Facebook, Rentería negó cualquier relación con la página: “Muchos dicen que soy el dueño de la página y que la fregada, solo quiero aclarar una cosa, no tengo relación alguna con la página La Tercera Delicias”, afirmó.

Según su relato, caminaba cerca de un Oxxo cuando fue interceptado por hombres encapuchados. “Les dije claramente que revisaran mi celular, que revisaran lo que quisieran y me siguieron golpeando… no soy yo claramente, no tengo nada que ver con esa página”, declaró Rentería. El joven añadió: “Mi celular vale mdres, me costó 10 mil pesos, pero mi vida vale más que eso… solo quiero aclarar esto porque quiero caminar tranquilo por las calles y saber que no me va a pasar nada”.

El incidente se vincula con una publicación realizada el 23 de enero en la página “La Tercera Delicias”, en la que se ridiculizaba a las participantes del Certamen de Belleza México Internacional Delicias Chihuahua. Al día siguiente el contenido fue eliminado y se difundió una captura de un mensaje dirigido al administrador: “Buen día de la manera más atenta te solicito que borres todo vínculo que tenga que ver con Certamen México Internacional Delicias… somos señoras que merecemos respeto… tenemos el apoyo de seguridad pública del Estado, mala acción tiene una consecuencia, evítate problemas legales”. Finalmente, el 25 de enero de 2026 la página fue eliminada y ese mismo día Rentería presentó la denuncia por la presunta agresión, en medio de la controversia y las acusaciones que lo señalaban como administrador, cargo que rechaza tajantemente.

La agresión sufrida por Rentería pone de manifiesto cómo las acusaciones y la viralización de contenidos en redes sociales pueden desencadenar violencia extrajudicial y generar un clima de temor que afecta de manera particular a personas en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas con alguna discapacidad. Estas personas pueden experimentar un aumento de la desconfianza hacia los espacios digitales, optar por la autocensura, limitar su participación pública y evitar denunciar abusos por miedo a represalias físicas o estigmatización. Ese retraimiento no solo restringe su libertad de expresión y acceso a información, sino que también incrementa su aislamiento social y los expone a prácticas de comunicación más cerradas y menos seguras, donde la desinformación y la impunidad suelen proliferar.

La combinación de señalamiento público y violencia física conlleva consecuencias concretas:

• Autocensura y pérdida de visibilidad: usuarios vulnerables pueden abandonar plataformas públicas, reduciendo su acceso a servicios y redes de apoyo.

• Mayor riesgo de acoso y extorsión: la búsqueda de privacidad en canales menos regulados facilita el ciberacoso y la explotación.

• Dificultades para la procuración de justicia: la mezcla de agresión física y difamación en línea complica la identificación de responsables y la preservación de pruebas digitales necesarias para la investigación.

Aunque la tecnología facilita la difusión de contenidos, no exime de responsabilidades. En el Estado de Chihuahua existen disposiciones legales que sancionan conductas como las amenazas, las lesiones y los delitos contra el honor, así como normativas sobre el tratamiento de datos personales que protegen la intimidad y la seguridad de las personas. En ese contexto, administradores de páginas, plataformas y usuarios tienen deberes claros: abstenerse de difundir acusaciones sin sustento, respetar la dignidad de terceros y colaborar con las autoridades en la preservación de evidencia digital cuando se denuncien amenazas o agresiones. Asimismo, las instancias de seguridad y las unidades especializadas en delitos cibernéticos deben garantizar protocolos de atención que prioricen la protección de víctimas y la investigación efectiva de hechos que combinan violencia física y delitos en línea

El caso de Dahel Rentería subraya la necesidad de articular respuestas integrales: educación digital, mecanismos de denuncia accesibles y efectivos, y la aplicación rigurosa de la ley para disuadir la violencia derivada de la señalización en redes. Proteger la libertad de expresión implica también proteger a quienes, por su condición o circunstancia, son más susceptibles a sufrir daños cuando la conversación pública se transforma en persecución. Las redes sociales deben ser espacios donde la crítica y el humor no se conviertan en pretexto para la violencia ni para la vulneración de derechos fundamentales.