06 de mayo de 2026.– El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua se convirtió en escenario de confrontación política entre las bancadas de...
06 de mayo de 2026.– El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua se convirtió en escenario de confrontación política entre las bancadas del PAN y Morena, en medio de interrupciones ciudadanas, acusaciones cruzadas y la exhibición de consignas en lonas que reflejaron la polarización del debate.
Durante la sesión, tres ciudadanos fueron retirados del recinto tras interrumpir la intervención de la diputada Elizabeth Guzmán Argueta y lanzar señalamientos contra Morena. Uno de ellos portaba una cartulina con la leyenda “Chihuahua contra el Narco”, lo que llevó Congreso, Guillermo Ramírez, a advertir que, de persistir el desorden, todo el público sería desalojado.
En tribuna, la diputada panista Karla Rivas Martínez, respaldada por su bancada, presentó un exhorto para que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Poder Judicial de la Federación den trámite a la solicitud de detención provisional con fines de extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos figuran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Rivas subrayó que el planteamiento no prejuzga culpabilidades, sino que busca que las instituciones mexicanas actúen conforme al tratado vigente de extradición y no dejen el caso en el aire. “Si existe una solicitud formal y un tratado vigente, lo que corresponde es que las autoridades mexicanas actúen conforme a la ley”, expresó. La legisladora advirtió que el tema impacta directamente en la confianza ciudadana y que una licencia temporal no debe convertirse en vía para evadir responsabilidades.
Por su parte, la diputada morenista Jael Argüelles Díaz exigió la separación del cargo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, acusándola de “traición a la patria” por permitir la operación de agentes extranjeros en Chihuahua. Señaló que operadores sin identificación se desplazan en convoyes con protección oficial, lo que calificó como sometimiento y no cooperación internacional. “La protección que no tiene la gente de bien, sí la tienen estos agentes”, denunció.
Argüelles vinculó los hechos con antecedentes históricos de intervención de agencias estadounidenses en América Latina, acusó al gobierno estatal de construir un “cerco mediático” para encubrir irregularidades y cuestionó la versión oficial de los operativos recientes: “Nos quieren hacer creer que todo el aparato falló al mismo tiempo, menos la gobernadora. Eso no se sostiene”. Además, criticó los resultados en materia de seguridad, señalando altos índices de delitos graves y pocas detenciones por delincuencia organizada, mientras acusó al PAN de privilegiar intereses ajenos al país.
La tensión se reflejó también en las consignas exhibidas dentro del recinto: los morenistas desplegaron lonas con la frase “Gobernadora Maru, Licencia es congruencia”, mientras que los panistas respondieron con mantas que decían “No más Narcogobiernos de Morena”.
La sesión evidenció la polarización política en Chihuahua: Acción Nacional presiona por la extradición de Rocha Moya e Inzunza, mientras Morena exige que Maru Campos enfrente responsabilidades legales por presunta vulneración de la soberanía nacional. Entre gritos, señalamientos y exhortos, el Congreso se convirtió en un campo de batalla donde la crisis de seguridad y la intervención extranjera dominaron la agenda.
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