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El gobierno federal presentó una iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio, que será enviada al Congreso de la Unión. La propuesta, anunciada por la fiscal general Ernestina Godoy y la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una legislación nacional que homologue el tipo penal en todo el país y obligue a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio.
El proyecto contempla penas de 40 a 70 años de prisión, sanciones para la tentativa y 21 agravantes, incluyendo cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, migrante o integrante de pueblos originarios. Además, establece que el delito sea imprescriptible, se investigue de oficio y que el responsable pierda derechos como patria potestad y sucesorios.
La iniciativa también prevé protocolos homologados de investigación con perspectiva de género, un “turno continuado” para evitar interrupciones en las indagatorias y un enfoque integral de atención a víctimas directas e indirectas. Se reconocen derechos como acceso a la verdad, atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita y servicios de educación y salud para menores en situación de orfandad.
Asimismo, se plantea la reparación integral del daño y la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio. Sheinbaum subrayó que la reforma busca erradicar la violencia feminicida y evitar la revictimización: “De inicio, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio”.
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