CDHCM y CNDH emiten posturas opuestas sobre el Informe de Desaparecidos de la ONU: Una califica de "sesgada" y otra "una oportunidad para crear diálogo"

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) fijaron posiciones opuestas frente al dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.  

La CNDH, encabezada por Rosario Piedra, descalificó el reporte al señalar que “se basa en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales” y que derivó en “conclusiones sin sustento pleno” sobre la situación de desapariciones en México. El organismo sostuvo que el comité concluyó preliminarmente que existen indicios “fundados” de desapariciones forzadas generalizadas, pero afirmó que esta determinación se apoyó principalmente en peticiones de organizaciones civiles. Además, criticó que se privilegiaran posturas como las del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y subrayó que no se agotaron previamente las instancias nacionales.  

En contraste, la CDHCM, presidida por María Dolores González Saravia, consideró que el informe representa “una oportunidad para crear un diálogo constructivo y participativo”. Señaló que, ante la crisis de desapariciones, “se requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como de los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos”.  

La comisión capitalina enfatizó que la desaparición de personas constituye “una violación grave a los derechos humanos, con impactos a nivel individual, familiar y social”, y destacó que se trata de uno de los desafíos más urgentes del país. También recordó que ha emitido recomendaciones en materia de búsqueda y acceso a la justicia, mantiene expedientes activos y ha dado seguimiento a casos relacionados con atención integral a víctimas.  

Mientras la CNDH defendió que las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales han disminuido desde 2018, la CDHCM insistió en fortalecer la coordinación institucional y la participación de las familias para enfrentar la crisis forense y mejorar los procesos de localización.