Autoridades de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra diez políticos y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos co...
Autoridades de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra diez políticos y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos. El principal señalado es el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien se le imputan delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos. De ser encontrado culpable, podría enfrentar cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
La lista completa incluye a Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, también exjefe de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal.
El documento judicial sostiene que los acusados habrían operado en distintos niveles de gobierno y fuerzas de seguridad, abusando de sus cargos para facilitar las operaciones del cártel. En el caso de Rocha Moya, se afirma que su elección como gobernador en 2021 fue apoyada por Los Chapitos mediante secuestros e intimidación de rivales políticos.
Las imputaciones contra Inzunza y Díaz Vega son similares a las del gobernador: conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder, con penas que también podrían alcanzar la cadena perpetua. La acusación refleja un patrón de presunta complicidad institucional que, según las autoridades estadounidenses, permitió al Cártel de Sinaloa expandir su influencia en la entidad.
Este caso marca un nuevo capítulo en la presión internacional contra funcionarios mexicanos señalados de vínculos con el crimen organizado, y abre un frente político y judicial de alto impacto en Sinaloa y en el país.
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