El senador panista Ricardo Anaya afirmó que existen bases legales para detener al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aplicar el tr...
El senador panista Ricardo Anaya afirmó que existen bases legales para detener al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aplicar el tratado de extradición con Estados Unidos. Acusó al gobierno federal y a Morena de proteger políticamente al exmandatario, señalado en ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico. “Este cuento de que no hay pruebas es un pretexto. Es la alianza de Morena en toda su extensión protegiendo al narco gobernador Rubén Rocha Moya”, declaró.
Anaya citó el criterio 1303/2003 de la Suprema Corte y el artículo 133 constitucional, que reconoce los tratados internacionales como Ley Suprema, incluido el de extradición con EE. UU. Según explicó, el artículo 11 del tratado permite la detención provisional del acusado, la notificación formal y otorga al gobierno estadounidense un plazo de 60 días para presentar pruebas.
El dirigente panista Marko Cortés respaldó la postura y pidió que Rocha Moya sea investigado, notificado y eventualmente extraditado. Además, legisladores del PAN plantearon la desaparición de poderes en Sinaloa, argumentando que los tres poderes de la entidad deben ser revisados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El embajador estadounidense Ken Salazar ha insistido en la necesidad de transparencia en el caso, señalando que “la justicia no puede ser selectiva”, lo que analistas interpretan como presión diplomática para que México no obstaculice las investigaciones. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha endurecido su política contra la “narcopolítica” en América Latina, en el marco de la crisis de opioides y la lucha contra el Cártel de Sinaloa.
La violencia en Sinaloa se ha incrementado desde la captura de líderes del cártel en 2024, con un repunte de homicidios dolosos por la pugna entre facciones internas. Este escenario es utilizado por el PAN como argumento para sostener que el gobierno estatal perdió el control territorial y la capacidad de garantizar seguridad ciudadana.
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