Por: Luis Camacho. El secuestro de Roxana Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, no es un hecho aislado ni un episodio ...
Por: Luis Camacho.
El secuestro de Roxana Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, no es un hecho aislado ni un episodio local: es el reflejo más crudo de un país donde la colusión entre policías, criminales y políticos corruptos ha convertido el ejercicio periodístico en una actividad de alto riesgo. Su desaparición ocurre después de semanas documentando abusos policiacos, detenciones arbitrarias, agresiones a ciudadanos y omisiones deliberadas de corporaciones municipales. Y en México, cuando un periodista toca esas fibras, la respuesta suele ser violenta.
Roxana había expuesto fallas estructurales en la seguridad pública de su región: robos constantes, ausencia de vigilancia, agresiones a menores y adultos mayores, y un patrón de impunidad que la población llevaba años denunciando. También había dado voz a comunidades que reclamaban daños provocados por empresas y la indiferencia de autoridades locales. Su trabajo era incómodo para quienes se benefician del silencio.
Pero el contexto nacional es aún más grave. En múltiples estados del país se han documentado casos de tortura cometida por autoridades contra periodistas, como método de intimidación o castigo por publicar investigaciones sobre corrupción, abusos policiales o vínculos con el crimen organizado. En otros casos, comunicadores han sido acusados falsamente de delitos, con carpetas fabricadas desde fiscalías o policías municipales, para neutralizar su trabajo y destruir su credibilidad. La maquinaria del poder opera así: primero desacredita, luego persigue, después desaparece.
México enfrenta una realidad que las instituciones evitan reconocer:
hay policías que no protegen a la ciudadanía, sino que sirven como brazo operativo del crimen organizado, ya sea por miedo, por dinero o por órdenes políticas. En regiones enteras, la línea entre autoridad y delincuencia se ha borrado. Comparten información, recursos, vehículos, armas y, en ocasiones, jefes. Y cuando un periodista documenta esa colusión, se convierte en objetivo.
El secuestro de Roxana, ejecutado con precisión y violencia, es un mensaje. Un recordatorio de que en México informar sigue siendo un acto de resistencia. Un golpe directo a la libertad de expresión y al derecho de las comunidades a saber quién las gobierna realmente: si el Estado o las redes criminales incrustadas en él.
Hoy, la exigencia es absoluta:
Roxana debe aparecer con vida.
Y el Estado mexicano —en todos sus niveles— debe asumir que cada periodista desaparecido es una evidencia de su fracaso para garantizar justicia, seguridad y verdad. Mientras policías corruptos, criminales y políticos locales sigan operando en contubernio, el periodismo seguirá siendo perseguido, y la democracia seguirá debilitándose desde sus cimientos.
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