La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció que se enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una...
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció que se enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE.
“Estamos proponiendo la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas que dependa del INE”, explicó Alcalde durante la conferencia matutina del 21 de mayo de 2026. Detalló que el nuevo órgano estaría integrado por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años.
La comisión funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, incluyendo al CNI, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “Los partidos políticos entregan voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La comisión consulta con las diferentes dependencias… Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable”, señaló.
La información proporcionada por las instituciones sería de carácter reservado y únicamente indicaría si existe o no un riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada. “La comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo”, añadió.
Alcalde subrayó que los partidos serán responsables de decidir si registran o no a los aspirantes, mientras que las autoridades competentes continuarán con las investigaciones en caso de detectar información relevante. Además, los aspirantes deberán manifestar su conformidad para ser evaluados por la comisión como requisito obligatorio.
Finalmente, aclaró que se trata de una reforma legal y no constitucional, y que se aprovechará el periodo extraordinario del Congreso —convocado para aprobar el aplazamiento de la elección judicial a 2028— para discutir y eventualmente aprobar esta iniciativa.
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