SCJN avala facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. El proyecto de acción de inconstitucionalidad 58/2022, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, declaró constitucional la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada en marzo de 2022.  

La decisión fue respaldada por mayoría del pleno, con votos en contra de los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa, quien advirtió que los bloqueos no deben ser indefinidos ni en conducta ni en tiempo. Ortiz defendió que el congelamiento de cuentas es una medida cautelar y preventiva, destinada a proteger el sistema financiero, sin implicar responsabilidad penal ni vulnerar la presunción de inocencia.  

El fallo establece que las instituciones crediticias deberán notificar a los afectados sobre el bloqueo y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. A partir de ello, los ciudadanos tendrán cinco días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, la cual deberá celebrarse en un plazo máximo de diez días, y resolverse en quince días hábiles posteriores.  

La resolución surge tras la impugnación de 49 senadores de oposición, quienes argumentaron que la medida vulnera la seguridad jurídica y traslada indebidamente la carga de probar la licitud de los bienes al afectado. No obstante, la Corte desestimó los alegatos y confirmó la constitucionalidad del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2022.